Text de Marcelo Expósito sobre la mort de Juan Pablo (màxima difusió)

Pongamos que un hombre es detenido en plena calle de una ciudad de un
estado que se denomina democrático; pongamos que sea verdad que estaba
cometiendo un pequeño delito, quién sabe si un robo o un hurto;
pongamos que puede ser falso ese delito, una excusa retroactiva
pergeñada por alguien para ocultar algo. Todo es posible en un país
donde los de arriba acumulan cada vez más riqueza y poder mientras que
los de abajo empiezan a despeñarse vertiginosamente por la pendiente
de la supervivencia diaria y la impotencia ante las autoridades que
decretan y gestionan su miseria. Qué importa: el caso es que un hombre
es detenido por la policía en la calle de una ciudad de un estado que
se hace llamar democrático.

Pongamos que un hombre es trasladado a dependencias policiales.
Pongamos que en un estado que se denomina democrático las personas han
de tener su seguridad garantizada cuando se encuentran bajo custodia
de la policía. Pongamos, quién sabe, que la policía identifica a este
hombre, conoce su vida no acorde al estilo de la gente bienpensante;
pongamos que la policía tuviera querencia por tomarse la justicia por
su mano contra quienes considera un peligro para el orden de los
bienpensantes, que la policía está compuesta mayoritariamente por
trabajadores alienados a quienes cuesta caer en la cuenta de que están
haciendo el trabajo sucio para los de arriba que cada vez atesoran más
riqueza y poder a costa incluso de su propia policía. Pongamos que esa
justicia autogestionada por la policía pero encubierta
institucionalmente puede adoptar muy diferentes formas, de la
humillación verbal al mero cachetazo; de la presión continuada sobre
un sujeto a la severa paliza; de la falsificación de pruebas para
acusar de un delito a la literal tortura física. También podría ser
que la policía detenga un día a un hombre y, pongamos, sencillamente
lo trate con frialdad, indiferencia o neutralidad; eso también sucede
en muchas ocasiones, puede ser cierto. El caso es que, pongamos, un
hombre es detenido e ingresado en dependencias policiales, y su
seguridad e integridad físicas deben ser garantizadas en un estado que
se califica democrático.

Pongamos que un hombre bajo custodia policial se encuentra
desaparecido para sus personas allegadas, para su familia e incluso
para el Consulado de su país de origen, durante casi tres semanas.
Cuesta llamar a eso respeto a los derechos humanos. Pongamos que la
administración policial o judicial puedan justificar la forma en que
habrían actuado; pongamos que, por el contrario, pudiéramos calificar
esa actuación de negligencia administrativa grave. Hagamos sin embargo
un esfuerzo por desplazar el enfoque sobre ese dato de la desaparición
de un hombre bajo custodia policial: costaría no darse cuenta de que
este mero hecho, la simple y llana evaporación de un hombre en tales
circunstancias, resulta abominable, es una auténtica infamia, un
atentado contra nuestra mera dignidad colectiva como seres humanos. Un
hombre permanece desaparecido durante más de dos semanas para la gente
que lo conoce y que lo quiere, para sus compañeros, para la
administración de su país de origen, estando bajo custodia policial,
en un estado que se llama democrático.

Pongamos que un hombre resulta severamente herido mientras se
encuentra encarcelado bajo custodia de una policía formalmente
democrática. Pongamos que se le traslada con urgencia a un centro
hospitalario público. Pongamos que la policía, diligentemente,
presenta en un juzgado las pruebas que la exculpan del grave estado de
salud de ese hombre. Cambiemos el enfoque. Pongamos que las palabras
‘pruebas’ y ‘exculpar’ están aquí incorrectamente utilizadas. Resulta
difícil pensar que la policía pueda ser sencillamente ‘exculpada’ de
los daños físicos irreversibles que sufre una persona que se encuentra
bajo su protección en una sociedad que se denomina democrática, donde,
pongamos, las personas no pierden sus derechos, ni la policía queda
eximida de su obligación de velar por la integridad física de las
personas, por haber sido detenidas tras supuestamente cometer un
delito nunca confirmado por sentencia judicial. Pongamos que pudiera
existir una disputa en torno a si fue la propia policía quien infligió
graves daños físicos a un hombre bajo su custodia. Desde este enfoque,
de haber sido la policía quien ejerció maltrato o tortura, resultaría
culpable. De haberse autoinfligido esos daños ese hombre, por el
contrario, la policía resultaría exculpada. Cambiemos el enfoque.
Resulta extraño que en una democracia la policía y la justicia puedan
considerar justificable en algunos casos delegar en un hombre la
responsabilidad de su propia seguridad física mientras se encuentra
bajo custodia en dependencias policiales, y argumentar que actuaron
correctamente intentando ‘salvarle’, pongamos, de un accidente o de
una lesión autoinducida, como si un hombre detenido en el calabozo de
una comisaría de policía fuera un ciudadano en su propio domicilio o
una persona cualquiera caminando por la calle, y un policía que lo
custodia fuera meramente alguien que pasaba casualmente por ahí, y un
juez a quien corresponde emitir un juicio sobre ese hecho fuera ni más
ni menos que cualquier otro sujeto que observa la escena a distancia
de manera neutral e indiferente.

Pongamos que un desconocido se presenta en casa de una persona para
avisarle de que un amigo de ésta se encuentra agonizando en un
hospital público. Pongamos que ese desconocido se muestra aterrado e
insinúa haber presenciado malos tratos o torturas en sede policial.
Pongamos que un hombre agoniza en un hospital público y un amigo que
puede acudir a visitarlo precipitadamente después de haber tenido
noticia de su estado por medios demasiado siniestros como para no
estremecerse, asegura que, efectivamente, ese hombre mostraba indicios
de que pudiera haber sido golpeado. Pongamos que un hombre muere tras
haber agonizado durante tres días en un hospital público. Tres días
sin la compañía de sus personas allegadas, ni de las personas que lo
aman, ni de su hijo ni de su hija. Pongamos que ese hombre hubiera
llegado al hospital gravemente lesionado, trasladado por la policía
bajo cuya custodia ese hombre se encontraba. La policía afirma haber
actuado correctamente. El hospital afirma haber actuado correctamente.
La justicia podría, pongamos, afirmar que todo se ha producido bajo la
máxima corrección. El caso es que, pongamos, un hombre que es
sustraído del espacio público y de su cotidianeidad por la policía de
un estado que, por democrático, debe garantizar su seguridad, su
integridad física y sus derechos como ser humano, acaba agonizando
durante tres días en soledad, atravesando esa fase final de su vida
sin poder ser acompañado por nadie a quien amó ni despedirse de sus
dos hijos.

Pongamos que cuesta no desear, a cada una de las personas bajo cuya
custodia se encontraba aquel hombre, que tengan el mismo final: solos,
en un país que no es el suyo, desaparecidos para quienes le conocen,
pensando quizá que nunca jamás sus hijos puedan llegar a saber cuál
fue su destino, sin saber siquiera si aquellas personas a quienes ama
llegarán a disponer de una tumba adonde acudir a rendirles culto y
memoria. Cuesta, a quien esta condena desea para otros, no sentirse
inmediatamente miserable, porque, al contrario, el deseo de una vida
digna y de una muerte digna para todas las personas es una componente
esencial de nuestra moral como simples seres humanos. Pero, más allá
de esta ética que, pongamos, quizá algunas personas no comparten ni
practican, existe un hecho evidente a todas luces: alguien tendría
cuando menos que dar explicaciones e incluso, pongamos, hacerse
responsable de la muerte que causa espanto de un hombre bajo custodia
policial, una forma de morir que es no solo una violencia simbólica y
física objetiva contra ese hombre que ha muerto, sino que es además
una agresión general contra nuestra condición compartida de seres
humanos.

Pongamos que un hombre ha muerto y que su familia y sus personas
allegadas están sobrecogidas y seriamente alteradas por las noticias
que reciben informalmente después de que ese hombre haya estado
desaparecido durante casi tres semanas en total, vivo, agonizante y
finalmente muerto bajo custodia policial y judicial en un estado que
se denomina democrático. Pongamos que esas personas no reciben
oficialmente nunca ni una llamada, ni un comunicación, ni una
explicación, ni un dato, ni una prueba, nada, completamente nada, la
más absoluta y sobrecogedora nada, acerca del paradero, de la muerte y
de las circunstancias bajo las que se produjo el fallecimiento de un
hombre. El vacío. Quizá alguna disculpa, pongamos, por haber
‘comunicado’ su muerte tarde. Pongamos que esa aparentemente sencilla
negligencia incumple preceptos legales inexcusables. Alguien debería
en tal caso, pongamos, hacerse legal o administrativamente
responsable. Alguien tiene a su cargo la seguridad de un hombre bajo
su custodia, y después de su cadáver. Ese hombre muere bajo
circunstancias que no se hacen públicas cuando se debe y sobre las que
empiezan a circular informalmente datos alarmantes. Las personas
allegadas a ese hombre, agitadas, pongamos que publicitan el caso como
principal herramienta con la que cuentan para hacer valer algo que en
realidad son sus derechos, pongamos, por ejemplo, el derecho a saber
la verdad de primera mano, de manera fiable. Pongamos que, en ese
ambiente de urgencia e incertidumbre, algunos datos que se publicitan
pudieran estar equivocados. Pongamos que quienes eran responsables de
la seguridad de ese hombre que ha muerto, utilizan esos ligeros
errores para desprestigiar a quienes plantean públicamente la
hipótesis de que un crimen pudiera haberse cometido, y que son nada
menos que los familiares, los hijos, la gente allegada a ese hombre
que ha muerto separado de ellos. Pongamos que quienes son responsables
de la seguridad de ese hombre que ha muerto echan mano de cualquier
detalle secundario para justificar indirectamente el hecho de que un
hombre bajo su custodia tras haber sido detenido haya permanecido casi
tres semanas desaparecido, agonizando en un hospital durante tres
días, muerto sin comunicación oficial a personas ni instituciones del
país de origen de ese hombre. Pongamos que, de haber sucedido esto, no
puede caber duda alguna de que alguien tendría que hacerse legalmente
responsable de tan grave negligencia administrativa.

Con todo, hagamos un esfuerzo por desplazar el enfoque. Pongamos que,
además de la justicia ordinaria, tendríamos algo que decir, como seres
humanos, con respecto a qué condena ética, moral y social corresponde
a quienes han impuesto una muerte indigna a un hombre bajo su
custodia.

Pongamos que existe una grabación en vídeo realizada mediante el
circuito interno de vigilancia de las dependencias policiales adonde
un hombre ha sido conducido tras ser detenido en la calle. Pongamos
que la policía que detuvo y bajo cuya custodia se encontraba un
hombre, de cuya seguridad la policía es por tanto responsable, afirma
que ese vídeo muestra cómo ese hombre resultó gravemente herido tras
intentar suicidarse en la celda donde se encontraba recluido. Pongamos
que solo se tienen noticias de la existencia de ese vídeo una vez que
han comenzado a publicitarse ciertas hipótesis en torno a la
responsabilidad de la policía en la muerte de un hombre detenido y
bajo su custodia. Pongamos que el jefe de la policía, es decir, el
mando policial último responsable de la seguridad de ese hombre,
afirma solo entonces, una vez que las graves sospechas sobre la
actuación policial comienzan a hacerse públicas, que ese vídeo había
sido depositado en sede judicial inmediatamente después de abandonar
en el hospital a un hombre custodiado gravemente herido; depositado en
sede judicial con el fin de que esa grabación adquiriese el carácter
de prueba exculpatoria de la policía. Pongamos que a muy pocas
personas les pudiera haber sido dado a visionar ese vídeo. Pongamos
que ni a la familia, ni a las personas allegadas, ni a los hijos, ni a
los compañeros de un hombre que ha muerto bajo inciertas
circunstancias les hubiera sido dada a visionar esa grabación que
supuestamente muestra el intento de suicidio de un hombre. Pongamos
que un diario local publica in extremis una breve nota describiendo el
contenido de esa grabación.

Pongamos que a la periodista que firma la nota le hubiera sido dado
visionar ese vídeo del intento de suicidio de un hombre, la grabación
del momento en que un hombre supuestamente intenta quitarse la vida,
un momento dramático por un lado, y sagrado por otro, el instante en
que un hombre busca supuestamente poner fin a su existencia; y que esa
gracia a una periodista se le concede por encima y en exclusión de los
familiares, las personas allegadas, los hijos y los compañeros de ese
hombre que fue registrado por la cámara de vigilancia de una comisaría
de policía en donde, pongamos, no solo su seguridad física, sino
además el derecho a su propia imagen, el derecho a su dignidad como
persona, el derecho a su intimidad deberían estar garantizados, máxime
si, como afirma el jefe de policía responsable de proteger los
derechos de cualquiera que resulte detenido, se trata del registro del
momento en que ese hombre decide poner fin a su vida. Pongamos,
además, que ese desprecio a la dignidad, a la identidad, a la imagen
de un hombre que ha muerto se ejerce porque un jefe de policía
prioriza el interés de exculparse ante la opinión pública, por delante
de las exigencias que conlleva su condición de alto responsable de
garantizar plenamente los derechos de las personas, más aún de las
personas bajo su expresa custodia por haber sido detenidas en un
estado que se llama democrático.

Pongamos que el máximo responsable de la policía de una ciudad en un
estado que se llama democrático ha pisoteado ciertos derechos de un
hombre bajo su custodia, de sus familiares y de sus personas
allegadas, mostrando el vídeo del momento crucial de su supuesto
intento de suicidio exclusivamente a una periodista. Esa forma de
actuar podría ser calificada, pongamos, cuando menos de insensible;
quizá más ajustadamente de repugnante a la moral que debiéramos
compartir como seres humanos. Pongamos que, sin embargo, el vídeo no
hubiera sido dado a visionar a la periodista, sino que ésta hubiera
podido sencillamente publicar con su nombre una nota directamente
redactada o dictada por el jefe de policía urgido a contrarrestar las
noticias que crecen arrojando sombras sobre el hecho de que un hombre
bajo su custodia haya muerto. No es una hipótesis descartable, dado el
oscurantismo que rodea este caso y otros muchos semejantes. ¿A partir
de qué umbral podemos empezar a considerar que la complicidad de la
prensa con los poderes públicos y las élites económicas, pongamos,
convierte a una sociedad que se llama democrática en una dictadura del
ocultamiento y de la desinformación? Hagamos no obstante un esfuerzo
por desplazar el enfoque. Aceptemos por un momento que ese vídeo
existe, o pongamos que aceptamos la existencia de la ‘descripción’ de
ese vídeo, tal y como ha sido publicada en una nota de una periodista
que parecía muy apremiada. Dice así (traduzco del catalán, de El Punt
Avuí): “El juzgado tiene sobre la mesa el registro de las cámaras de
seguridad que le entregó la policía y donde se ve todo el proceso. Se
ve cómo [ese hombre] entra pacíficamente a la celda tras un agente,
cómo intenta dormir y se tapa la cara con la camiseta porque la luz le
molesta, se levanta varias veces y da vueltas por la celda. Desaparece
de la visión de las cámaras cuando se cuelga de los barrotes, que
quedan justo bajo la cámara, y entonces es cuando el policía que
vigila las cámaras da la señal de alerta. Las imágenes también
muestran diversos agentes que le hacen el boca a boca reanimándolo, lo
que inicialmente consiguen, y el detenido es trasladado vivo al
[Hospital] Trueta, donde muere tres días después”.

Hagamos un pequeño esfuerzo por leer en detalle de nuevo esta sencilla
descripción. Pongamos que aceptamos la existencia de una prueba que se
propone como irrefutable pero que a nadie, ni a la familia, ni a los
allegados, ni a los hijos, ni a los abogados que canalizan la denuncia
por la muerte de un hombre les ha sido dado visionar. Se trataría de
hacer un ejercicio básico de análisis, pongamos, sobre cómo el
‘carácter documental’ o ‘probatorio’ de una imagen no es consustancial
a esa imagen; es más bien un efecto que se construye, es propiamente
el resultado de una enunciación que oculta la posición desde la que
alguien habla, naturalizando así los hechos que se quieren demostrar
como objetivos. Una imagen, pongamos, esconde tanto como aparenta
mostrar. Una descripción y un relato, pongamos, exponen unos hechos
tanto como ocultan qué interés alguien tiene en promover un efecto, en
orientar una lectura de la realidad, en inducir una conciencia o un
estado de ánimo. Tenemos en primer lugar, pongamos, la descripción
fría de cómo un hombre, aparentemente, se inflige daños irreversibles
que le conducen a la muerte. Como si el acaecimiento de ese hecho en
sede policial pudiera ser tomado por una circunstancia natural que
debiera ser analizada con neutralidad, sin apasionamiento. Pongamos
que se nos susurra lo siguiente, con el fin de aplacarnos: mantengamos
la cabeza fría, pongamos que un hombre ha muerto, pero no pasa nada,
estemos tranquilos, tan solo observemos desapasionadamente qué ha
sucedido. “El registro de las cámaras de seguridad… donde se ve todo
el proceso”: como si la realidad entera, las circunstancias completas
que rodean y todas las implicaciones que se derivan de ese escenario
pudieran ser comprendidas por una sola grabación de vídeo. “Se ve
cómo… entra pacíficamente a la celda tras un agente”, como si el
ingreso en una celda fuera un hecho aceptable para cualquier hombre,
como si existiera, pongamos, una supuesta naturalidad en el permanecer
en sede policial tras haber sido detenido; como si el desenlace fatal
que ha de llegar, por tanto, no fuera sino una anomalía, un hecho
impredecible en la quietud de una estancia tranquilamente asumida por
todos (policía, detenido, espectadores) en sede policial. “Desaparece
de la visión de las cámaras cuando se cuelga de los barrotes, que
quedan justo bajo las cámaras”. “El detenido es trasladado vivo al
[Hospital] Trueta, donde muere tres días después”. Esta frase final,
añadida como corolario a la descripción previa de la grabación,
obviamente no puede estar describiendo nada que el vídeo contenga,
pues se trata de un hecho que sucede fuera del radio de acción de esa
cámara de vigilancia. Esta frase, añadida consecutivamente a la
descripción del supuesto contenido del vídeo, tiene una función.
Naturaliza la construcción de una secuencia lineal, perfectamente
correlativa. Un hombre es detenido. El aceptar tranquilamente su
detención prueba que asume su culpabilidad. El ingreso en una celda
caminando por detrás de un agente implica sometimiento a la situación.
Su incapacidad para dormir denota inquietud. Aunque desaparezca de la
cámara ‘sabemos’ que se cuelga de los barrotes. Esta última deducción
de lo que la imagen ‘demuestra’ sin necesidad de efectivamente mostrar
es el efecto de haber asumido una ‘verdad’ a priori, que no es sino
una interpretación de los hechos partidaria previa al relato. El
relato periodístico pretende hacer ‘ver’ una verdad se deduce de una
prueba visual; en realidad, tal relato consiste en la interpretación
de una imagen que nadie puede ver sino solo la periodista, una
interpretación que está conforme con una ‘verdad’ previa que se asume
y que no permite poder ser contradicha. La descripción de la imagen de
‘varios’ agentes logrando reanimarle opera como una sinécdoque de la
implicación de todo el cuerpo policial en el intento de salvar a un
hombre de un daño infligido a sí mismo, de manera imprevisible, y del
que solo ese hombre sería responsable. Como si la parte pudiera
efectivamente ser equivalente al todo. Si son ‘varios’ los agentes que
intervienen, entonces se trata de ‘la policía’ en general quien
intervino. Actuó ‘la policía’ para salvar la vida de un hombre quien
solo él puede ser responsable de lo que se hizo a sí mismo. Si ‘la
policía’ interviene para reanimarlo es que no hay un solo policía que
pueda tener otro interés diferente a salvar la vida de ese hombre, no
puede haber ni un solo policía que pueda ser sospechoso de haber
actuado, fuera de esa imagen (recordemos: de acuerdo con el relato
periodístico, esta grabación lo muestra ‘todo’, no hay ‘nada’ por
fuera de esta imagen), de manera diferente al interés por salvar la
vida de ese hombre. Pero de la urgencia que el relato muestra por
demostrar que el hombre murió ‘fuera’ de la jurisdicción policial, lo
cual exculparía a la policía de su muerte, se puede deducir también
que, si bien la imagen muestra cómo ‘la policía’ intervino movida por
el interés de salvar la vida a ese hombre, quizá intervino también
para que ese hombre se mantuviera vivo hasta poder hacerlo salir de
una sede policial. Se le trasladaría, en definitiva, al hospital,
quizá para que allí muera. Ahí acaba ‘evidentemente’, de acuerdo con
‘la prueba’, la responsabilidad del cuerpo policial sobre el futuro de
ese hombre. Muere tres días después. Lo que quiere decir que su muerte
es ya un acontecimiento privado posterior, pues tiene lugar fuera de
la jurisdicción de la policía que lo detuvo y bajo cuya protección
resultó herido hasta perder posteriormente la vida.

Si la periodista a quien supuestamente le fue dado visionar ese vídeo
por encima del derecho que asiste a familiares y personas allegadas a
un hombre que ha muerto, y por encima, incluso, del derecho a la
imagen, a la intimidad y a la integridad personal de ese mismo hombre,
si a esa periodista, pongamos, le mueve el interés de mostrarlo
‘todo’, el mismo interés que parece motivar, por cierto, a quien dio a
ver esta grabación a esta periodista, esto es, el jefe de la policía
de una ciudad bajo cuya custodia se encontraba un hombre que ha
muerto, entonces conviene, sí, si es el interés de todos, que hagamos
ver ‘todo’. Habrá quienes, pongamos, piensen que esta carta es
demasiado larga y farragosa, que bastaría haber comenzado con un
simple y directo ‘Yo acuso’ e informar taxativamente de que un hombre
ha muerto, pongamos. A quien la ha redactado le parece, por el
contrario, que hay ocasiones en que resulta inevitable ejercer una
cierta violencia: la de asir la cabeza otros para girarla con firmeza
y hacerla sostener ininterrumpidamente la mirada en detalle sobre la
manera implacable en se ejerce —a veces mediante el aparente respeto
formal— el desprecio por las personas, de cómo una institución social
tiene el poder total de infligir de maneras incluso incruentas un
trato inhumano, de cómo opera la microfísica del poder represivo, no
necesariamente a través de sus formalizaciones más escandalosas: los
malos tratos, la tortura. De cómo la democracia es violentada para
convertirla en otro nombre de la dictadura.

Esa nota periodística sobre la muerte de un hombre no se limita a
describir una grabación de vídeo fantasmática. También desgrana nada
menos que el expediente policial de un hombre muerto. Ese hombre,
‘informa’ la periodista, “vivía solo en una casa que había ocupado sin
consentimiento de sus propietarios en Girona, y hacía unas semanas que
había recibido una orden de desalojo”; ese hombre, “además, era
conocedor del funcionamiento de los calabozos policiales, ya que en
los últimos años había acumulado un buen número de detenciones por
delitos diversos: amenazas, extorsión, tráfico de drogas, daños,
lesiones, hurto, robo con violencia e intimidación, entrada en
domicilio ajeno…”. ¿Nos dicen algo esos datos, en la frialdad de una
burocrática enumeración policial, de cómo un hombre, pongamos, elige y
al mismo tiempo se ve obligado a vivir? Pretendiendo ‘mostrar’ una
verdad, ¿qué nos oculta una ficha policial travestida de información
periodística sobre la manera en que se codifica socialmente la
diferencia? ¿Cuál el interés por el que se quiere hacer pasar por
delito las diversas formas que adopta la precariedad para sobrevivir
en las metrópolis sometidas a la dictadura de los mercados y al
desamparo de las clases trabajadoras por parte de los poderes públicos
que dicen representarlas? ¿Cuál es la relación entre la representación
de un hombre como ‘peligroso’ o ‘marginal’ y la justificación
retrospectiva de su posterior muerte violenta?

La filtración de datos policiales para ser publicitados con el fin de
proteger actuaciones policiales y compensar el silencio político a
propósito de la muerte de un hombre que se da apriorísticamente por
justificada, es ni más ni menos que una forma de fascismo. La
representación pública de un hombre como sujeto peligroso, desviado,
marginal y antisocial, incapaz por tanto de cuidarse a sí mismo, para
encubrir además las responsabilidades que se derivan de su muerte
cuando se encontraba bajo custodia de una institución explícitamente
obligada a protegerlo por haberlo detenido, constituye el ejercicio de
una violencia intolerable, de un desprecio tan ostensivo por los
valores sociales democráticos, por los derechos fundamentales de un
ser humano, que uno encuentra todas las palabras del mundo
insuficientes para calificar ese espanto. Ese hombre que ha muerto,
aun cuando no pudiera demostrarse el ejercicio de malos tratos o
torturas físicas sobre su persona, ha sido manifiestamente violentado
bajo custodia policial hasta el momento en que falleció, y tanto él
como su familia, sus hijos y sus seres allegados siguen siendo objeto
de violencia simbólica, política y administrativa después de su
muerte. Ese hombre y el resto de esas personas han sido y continúan
siendo víctimas de, por lo menos y hasta el momento, algunas de las
acepciones que en la lengua castellana adopta la palabra ‘crimen’.
Tenemos frente a nuestros ojos nada más y nada menos que un crimen de
estado, cometido en una ciudad de un estado que se llama democrático.

Juan Pablo Torroija, ciudadano de nacionalidad argentina residente en
España desde hace siete años, era padre de un hijo en Argentina y de
una hija en España. Parece ser que es detenido el 11 de julio en una
calle de Girona. Parece ser que es trasladado a una comisaría de la
Policía Municipal. Parece ser que resulta gravemente herido bajo
custodia policial. Parece ser que es trasladado al Hospital Trueta el
mismo día de su detención. Parece ser que agoniza durante tres días
hasta fallecer como consecuencia de las lesiones que sufrió durante su
estancia en el calabozo. Es seguro que la Policía Municipal conocía su
identidad y sus circunstancias porque presentó una denuncia por robo,
parece ser que justo después de haberle detenido. Aun así, nadie fue
avisado, ni de su detención, ni de los cargos de los que se le
acusaba, ni de las circunstancias bajo las cuales resultó lesionado,
ni de su traslado a un hospital público, ni de su agonía, ni de su
fallecimiento. Ni sus familiares, ni sus personas allegadas, ni el
Consulado de la República Argentina. Un reciente amigo de Juan Pablo
es visitado el día 13 de julio por una persona anónima, quien alterada
le informa del destino de Juan Pablo, indicándole que, tras haberse
enfrentado a la policía, ha sido severamente maltratado. El amigo
alcanza a visitar a Juan Pablo en el hospital y afirma que, a su
parecer, mostraba signos de haber sido golpeado en varias partes del
cuerpo. Sabemos que Juan Pablo muere el día 14 de julio, solo. Sabemos
que es trasladado a la funeraria Mémora, siendo puesto su cadáver a
disposición del Juzgado nº 1 de Girona. Sabemos que 14 días después de
su fallecimiento, un amigo español viaja a Girona a visitar a Juan
Pablo, y entonces conoce informalmente las circunstancias generales de
su muerte. Sabemos que este amigo avisa a la excompañera de Juan
Pablo, madre de su hija española, la cual avisa a su familia
argentina. Sabemos que familiares y personas allegadas a Juan Pablo
toman urgentemente la iniciativa, siendo recibidos y amparados por el
Director de Asuntos Consulares de Argentina, publicitando de inmediato
los datos de que se disponían y planteando algunas hipótesis sobre la
oscuridad que rodea la detención y muerte de Juan Pablo. Sabemos que
los medios de comunicación argentinos se hacen inmediatamente eco de
la denuncia formal presentada mediante abogado en un juzgado de
Girona, y que los medios españoles y catalanes, con excepción de un
par de medios de la prensa libre vinculada a los movimientos sociales,
no informan en absoluto. Nada en absoluto. Nada. El vacío. Sabemos que
la madrugada del 2 de agosto se empieza a expandir la versión
policial, emitida por el Jefe de la Policía Municipal de Girona Josep
Palauzié, de acuerdo con la cual Juan Pablo recibió un trato correcto,
inopinadamente se ahorcó con su propia camisa colgándose de los
barrotes de su celda, los policías en servicio lograron reanimarlo
para trasladarlo al Hospital Trueta, poniendo acto seguido a
disposición judicial una grabación en vídeo realizada por las cámaras
de vigilancia internas de la comisaría, la cual avalaría el relato
policial.

Sabemos que ni la familia ni nadie cercano a Juan Pablo ha sido
contactado por la policía. Sabemos que nadie ha expresado oficialmente
ninguna palabra del espectro semántico en torno a: ‘lamentación’,
‘disculpas’, ‘condolencias’. Sabemos que la Jueza del Juzgado de
Instrucción nº 4 de Girona, Gemma Garcés Sesé, aseveró personalmente a
los abogados querellantes que necesitaba tomarse un tiempo para
estudiar el atestado y realizar la unificación de la causa. Sabemos
que de manera inmediata, sin embargo, decretó el cierre de las
actuaciones vinculantes, impidiendo así que la parte querellante, en
representación de la hija de Juan Pablo, tuviera acceso a las pruebas,
y sin aceptar ningún tipo de acusación popular.

Un ciudadano argentino ha muerto en España después de haber sido
‘desaparecido’ bajo custodia policial. Solo esa imagen estremece por
su profundidad histórica. Yo soy ciudadano español y siento vergüenza
e indignación por la manera en que un hombre ha muerto. También yo
tengo una hija y un hijo en Argentina y en España, también tengo
antecedentes policiales y penales por luchar por un mundo mejor y por
mi modo de vida: mi indignación y mi furia son la de un igual a Juan
Pablo. No reconozco a las autoridades de un estado, que se califica de
democrático, el derecho a situarse por encima de nuestros derechos a
la dignidad, a ver preservada nuestra integridad física, a ser
informados de manera fidedigna. Yo acuso a los agentes y responsables
policiales de haber cometido ya cuando menos el crimen de atentar
contra la dignidad y los derechos de Juan Pablo Torroija, y a los
responsables judiciales de haber cometido el crimen de atentar contra
el derecho a la defensa y a conocer la verdad de manera detallada y
fundamentada que asiste a los familiares y las personas allegadas a
Juan Pablo. También yo creo que en este país hay indicios de estar
deslizándonos hacia un nuevo tipo de dictadura. Pongamos que un hombre
ha muerto. Se llamaba Juan Pablo Torroija. Su nombre se conoce y no se
olvida. También sabemos quiénes tenían la responsabilidad de que
siguiera con vida. Se exige justicia.

 

Enllaç al bloc sobre el cas de Juan Pablo Torroija: http://casojuanpablotorroija.wordpress.com/

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